PENSIONES PÚBLICAS Y SEGURIDAD SOCIAL: UNAS REFLEXIONES SOBRE SU FUTURO
Desde hace meses, estamos asistiendo a un amplio debate sobre la reforma de pensiones de la Seguridad Social: declaraciones del Presidente del Gobierno y ministros; debates en las Cortes Generales (utilizando las pensiones como arma arrojadiza entre unos y otros); remedo de huelga general, por parte de los sindicatos mayoritarios; reuniones del “Pacto de Toledo”; informaciones y debates en la prensa escrita, televisiones, etc.
Mientras tanto, los ya jubilados (sin revalorización de las pensiones para el año 2011, y ya veremos), y los que --con suerte-- tengan acceso a ellas en el futuro, asistimos mudos a estos debates, pues no tenemos representación en los órganos decisorios y los partidos políticos ignoran nuestras reivindicaciones. Para justificar la necesidad de reformar el sistema de pensiones y que éste pueda ser viable en el futuro, hay que --según ellos y los estudios actuariales de los que hablan-- ampliar el plazo de cómputo (20 ó 25 años) y elevar la edad de jubilación hasta los 67 años. Pero nadie habla de las miserables pensiones a las que van a tener acceso nuestros jóvenes, que serán determinadas por los escasos años de trabajo que van a reunir durante su vida laboral y las mileuristas retribuciones y bases de cotización. ¿De qué estamos hablando? Con ese panorama futuro, ¿va a ser deficitaria la Seguridad Social? Lo dudo. Sólo las clases privilegiadas, políticos sobre todo, son los que van a poder disfrutar de pensiones máximas o, al menos, decentes. ¿O ya no pensamos que el paro actual se pueda corregir en el futuro? ¡Paro o empleo, ésa es la cuestión! Antes de tomar medidas, habría que diseccionar nuestro sistema de pensiones para saber las prebendas que disfrutan determinados colectivos. No se podrán modificar a la baja las pensiones ya reconocidas, salvo que sean fraudulentas, pero al menos servirá para evitar que en el futuro haya grupos privilegiados y, por tanto, que el reparto sea más justo, equitativo.
Las noticias que se están produciendo están causando alarma en nuestro colectivo, pues nadie puede asegurar que nuestras pensiones actuales y las que accedan en el futuro las viudas, no vayan a ser mermadas. Con nuestros gobernantes actuales no está nada asegurado. Debo recordar --la realidad es ésa y no otra-- que fue el Partido Socialista (en el Gobierno), el que perpetró los mayores ataques al sistema de pensiones. En el año 1985 --hago uso de la memoria-- una ley amplió el plazo para su cálculo: se pasó gradualmente de 2 a 15 años. En el año 2007, otra ley (la 40/2007) convirtió el cómputo de 15 años naturales, en años efectivos, es decir, contemplando únicamente los días de trabajo efectivo, y se pasó de 4.700 días a 5.475 días. En el dictamen de la Ponencia intervino --representando al Partido Socialista-- la señora López i Chamosa, muy de actualidad debido estos días debido a sus limitaciones gramaticales, puestas de manifiesto en las discusiones del Pacto de Toledo. En aquella ocasión, refiriéndose a las pensiones de viudedad y a la propuesta del Partido Popular de elevarlas al 70% de la base reguladora, criticó las manifestaciones de los representantes populares y refiriéndose en concreto al Sr. Martínez Pujalte, pronunció la siguiente frase (textual):
“Podemos hacer un discurso pensando en ellos (aclaración: se refiere a los jubilados y viudas) pero se han tirado ocho años reclamando al Partido Popular, que fue el que creó la diferencia entre los anteriores a 2002 y los demás, que lo arreglara y no lo arregló. ¿Quién lo va a arreglar? Un Gobierno socialista. ¿De acuerdo con todo lo que quieren? No, seguramente no vamos a hacer todo lo que ellos quieren, pero sean 60 ó sean 65 euros lo hará este Gobierno, no ese ni ningún otro”. Los hechos y la situación actual han desmentido rotundamente a la parlamentaria socialista. ¿Qué podemos esperar de este tipo de representantes políticos?
En esa misma ley fue negada la revisión de aquellas pensiones que sufrieron descuentos entre el 7% y el 8%, por cada año de edad entre los 60 y 65 años. Las reclamaciones que se hicieron fueron rechazadas sistemáticamente por la Seguridad Social, pues sólo contemplaron aquellos casos de jubilados anticipadamente, cuya causa de baja o jubilación en la empresa no fuera voluntaria, cuando todos sabemos que las prejubilaciones pactadas y supuestamente voluntarias fueron, en la mayoría de los casos, una imposición de las empresas. Pero aun así, no se tuvieron en cuenta para nada los años cotizados que excedían de los 35 reglamentarios. Estos trabajadores, con más de 35 ó 40 años de cotización, no pudieron tener acceso a una pensión del 100% de su base reguladora, sino la determinada por la aplicación de los coeficientes reductores. Estas situaciones, en las que no se tuvieron en cuentas los años cotizados de más, ¿no sería justo que la Seguridad Social devolviera al trabajador jubilado las cotizaciones de esos años excedidos? En cualquier caso, las cuotas empresariales de los años excedidos, compensarían el coste de las prestaciones de la Seguridad Social entre los 60 y 65 años. Sería lo justo, teniendo en cuenta que a nuestros parlamentarios les llegan 7 años para acceder a la pensión máxima. ¡Un escándalo!
Otra amenaza que tiene nuestra Seguridad Social es el coste de la atención médica y farmacéutica, que habrá que racionalizar. Con cargo a su presupuesto --debido a la política de “buenísmo” que practica nuestro Gobierno-- no se puede seguir atendiendo al último que llega con cargo a la misma, ni consentir intervenciones quirúrgicas de alto coste a no residentes, ni tampoco al gasto que ocasionan residentes comunitarios, que no han cotizado en España, no estando nada claro que estos gastos sean reembolsados por sus países de origen. Ni que nuestros políticos --en campaña política personal-- vayan repartiendo tarjetas de sanidad a residentes españoles en países americanos. Por otra parte, las pensiones no contributivas siguen pagándose, en mayor o menor medida, con cargo a fondos de la Seguridad Social, cuando se había acordado desde hace años que tendría que hacerse con cargo a otra partida de los Presupuestos del Estado. Es urgente disminuir la factura farmacéutica, racionalizando la dispensación de medicamentos, ajustando, en lo posible, prescripción y medicamento a consumir (contenido del envase), o se impondrá, de forma general, el co-pago en la Seguridad Social.
Volviendo a las jubilaciones, os estoy enviando tres documentos, publicados en distintas fechas en el diario “El Mundo”. Uno de ellos es una carta de un jubilado (08.12.10), titulada “Jubilados en el Pacto de Toledo”, en la que el autor se lamenta de que no haya ningún representante de los jubilados en esa Comisión y reclama una asociación civil para “defender nuestro patrimonio y nuestro futuro”. La otra (13.12.10), es un estudio sobre las prebendas que van a tener los nuevos funcionarios en la Seguridad Social, entre ellas la no cotización por desempleo, además de poder jubilarse a los 60 años, si cotizan 35 años, con el 100% de la pensión. El tercer documento (17.12.10), es un artículo John Müller, titulado “Prejubilaciones indecentes”, que califica así las prejubilaciones anunciadas por las Cajas de Ahorro, como consecuencia de su reestructuración, utilizando dinero público (FROB). Sobre las prejubilaciones publiqué en el mes de septiembre del 2003, en “El Correo Gallego”, un artículo titulado. “Apariencia y realidad. Prejubilaciones bancarias: una falacia contable”, en el que ya denunciaba este problema, que empobrece, como no, a la Seguridad Social.
Creo que la misión fundamental de nuestra Asociación, y también la de otras a las que estamos asociados, debe ser la búsqueda de fórmulas legales para poder penetrar en los órganos donde se discuten y condicionan los intereses de los jubilados y las viudas. Debo añadir que la doctrina del Tribunal Supremo niega a los jubilados la posibilidad de constituir sindicatos. Desconozco si hay alguna sentencia reciente que haya modificado sentencias anteriores. No obstante, dada la situación actual de nuestra Justicia, nuestro Alto Tribunal puede pronunciar hoy una sentencia sobre un hecho o determinada situación y, posteriormente, en otra sentencia decir lo contrario. A esto los entendidos en leyes, le llaman “inseguridad jurídica”, pero realmente la definición o calificación debe ser otra. Aun así debemos continuar luchando por la defensa de nuestros derechos.
José Gómez Blanco
afonsodelaxes@hotmail.com
Diciembre / 2010
